Desde los hechos del 30 y 31 de julio, cuando alrededor de 80.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos y documentamos 145 víctimas mortales a ambos lados de la frontera, la ciudad vive una crisis humanitaria y de derechos sin precedentes. Ante la falta de respuestas de las instituciones españolas, hemos acudido a los mecanismos de protección de Naciones Unidas.
23 PERSONAS DETENIDAS EN EL CETI Y ABANDONADAS EN MARRUECOS
El 30 de octubre presentamos, junto a Coordinadora de Barrios, una comunicación urgente al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La enviamos con copia al Comité contra la Desaparición Forzada, a las Relatorías Especiales sobre los derechos humanos de los migrantes y sobre la tortura, y al Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios.
En ella denunciamos lo ocurrido a 23 personas que vivían en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Ceuta. Venían de Bangladés, Chad, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Níger, Senegal, Sudán, Togo y Yemen, y ninguna es de nacionalidad marroquí. Los días 23 y 26 de octubre, la Policía Nacional las detuvo en el centro y las llevó a la frontera de noche, fuera de cualquier paso fronterizo habilitado. Varias de ellas tenían recursos judiciales pendientes sobre su solicitud de asilo.
Durante días permanecieron atrapadas entre la parte española de la frontera y la zona marroquí, sin comida, con poca agua y sin abrigo. Ningún Estado reconocía que estuvieran bajo su custodia. Después fueron llevadas a las dependencias aduaneras de Bab Sebta y, desde allí, trasladadas a la fuerza al sur de Marruecos.
El Comité contra la Desaparición Forzada, en su Observación General número 1 de 2023 sobre la desaparición forzada en contextos de migración, muestra su preocupación por la desaparición forzada en el contexto de la migración y pide a los Estados que adopten medidas urgentes para prevenir y responder a este fenómeno y a que garanticen el acceso de las víctimas a la justicia.
Por eso, pedimos a Naciones Unidas que exija a España y a Marruecos que esclarezcan su paradero, garanticen su integridad y asuman la responsabilidad en las desapariciones en contextos migratorios.
DEFENDER DERECHOS EN CEUTA ES PELIGROSO
Frente a una situación de tanta vulnerabilidad como la que se vive en Ceuta es fundamental proteger a las personas defensoras, que desde el 30 de julio han sufrido criminalización y estigmatización en la ciudad autónoma.
Por ello, el 4 de noviembre enviamos un informe a la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas. En él documentamos un patrón de hostigamiento y violencia contra quienes defienden derechos, informan o incluso contra quienes prestan asistencia humanitaria en la ciudad: bloqueos a organizaciones sociales que entregan alimentos, periodistas agredidos y hostigados en el ejercicio de su profesión, abogados atacados por una multitud, etc.
Además, señalamos a la Relatora la situación de especial riesgo para los líderes de las comunidades migrantes que son personas defensoras de derechos humanos. Son los primeros en documentar las vulneraciones y en acompañar a su gente, y también los más expuestos: su situación migratoria los pone en riesgo de detención y expulsión, y no cuentan con ningún mecanismo de protección. Atacar a un líder es dejar a toda su comunidad sin voz.
El día 5 de noviembre mantuvimos una reunión con el equipo de la Relatora para ampliar esta información. Como resultado, la Relatora se pronunció públicamente. Expresó su preocupación por las agresiones y obstáculos contra quienes defienden los derechos de las personas migrantes en Ceuta, y alertó de que el miedo está llevando a algunas organizaciones a dejar de usar los chalecos que las identifican. Reconoció además los riesgos particulares que enfrentan los líderes de las comunidades migrantes. Por último, anunció que seguirá la situación para que el Estado prevenga los ataques, investigue las agresiones y proteja a organizaciones humanitarias, periodistas y líderes comunitarios.
SEGUIREMOS EXIGIENDO EL FIN DE LA IMPUNIDAD Y EL DERECHO A DEFENDER DERECHOS
Ninguna frontera puede ser un espacio sin derechos. Seguiremos trabajando con los mecanismos de Naciones Unidas, con las familias y con las personas defensoras de derechos humanos para que el Estado español rinda cuentas y para que nadie tenga que esconderse por defender derechos.