El aumento del número de personas que llegan a las Islas Canarias, en su mayoría salidas desde Senegal, muestra cómo las políticas siguen poniendo el foco en el control del movimiento, revelando un sistema de acogida poco garantista y atravesado por el racismo institucional.
Nuestra organización ha efectuado una misión de investigación a Canarias en el marco del Observatorio de Derechos Humanos en la Frontera Occidental Euroafricana. Los objetivos de esta han sido identificar vulneraciones de derechos, consolidar el trabajo en red con organizaciones del territorio, proponer acciones de protección de los derechos humanos y sensibilizar a través de la difusión de un relato que pone a las personas en el centro.
Desde finales del mes de mayo la situación política y social en Senegal ha empeorado de forma notable, las organizaciones de derechos humanos del país denuncian detenciones masivas que están afectando también a un gran número de adolescentes. Esta es la clave del aumento de embarcaciones con salida desde ese país en la ruta Canaria. En los últimos dos meses, el número de niñxs y adolescentes que viajan en los cayucos ha aumentado, representando en algunos hasta el 40% de las personas que huyen en estas embarcaciones tradicionales de pesca. También comienzan a embarcarse mujeres y unidades familiares completas.
Las autoridades están poniendo el foco en las llegadas, pero no en el precio que se paga cuando las personas se lanzan a atravesar la ruta migratoria más mortífera activa en estos momentos en el mundo. Las víctimas se cuentan ya por centenares y los estados, tanto de origen como de destino, están silenciando e invisibilizando las muertes. En Senegal hay familias que han denunciado detenciones tras manifestarse pidiendo la búsqueda de embarcaciones que están desaparecidas. De nuevo, los servicios de búsqueda y rescate muestran cómo las políticas de control de fronteras los atraviesan careciendo de medios suficientes para defender la vida y aplicando protocolos con sesgo racista cuando se denuncian desapariciones en el mar.
Durante nuestro trabajo en terreno pudimos además documentar la falta de medios materiales y humanos para abordar una acogida con estándares de respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en El Hierro donde están llegando la mayoría de las personas no disponían ni de lonas para proteger a la gente, incluidas las trabajadoras, en medio de una ola de calor. Tampoco había baños suficientes y los conductores de los autobuses que enviaban al centro de detención policial no iban acompañados. El centro de registro policial ubicado en San Andrés es un antiguo polideportivo sin techo al que se le han puesto carpas y han llegado a estar alojadas más de 600 personas. Unas instalaciones que actúan como un CATE improvisado pero que no tienen los medios que se requieren para este tipo de centros.
El gobierno ha puesto el foco en su sistema de derivación rápida a Tenerife desde El Hierro y de ahí al resto del Estado. Pero en esa intervención apresurada muchos derechos se están quedando por el camino, destacando el de asilo y los de la infancia. En Tenerife el problema se agrava porque los centros de primera atención están tan desbordados que las personas hacen tres horas de cola para llegar a la comida. Y, además, las trabajadoras no pueden intervenir con el tiempo necesario para garantizar un seguimiento individualizado, lo que causa también frustración dentro de los equipos sociales.
Estas derivaciones al resto del Estado cuentan con plazos de acogida demasiado cortos por lo que, en menos de un mes, las personas se encuentran sin recursos de atención. Además, el sistema solidario de recepción que debería primar en todo el estado está siendo usado por los distintos partidos políticos como un arma arrojadiza entre ellos. Lo más preocupante de esta situación ha sido el aumento de discursos xenófobos y racistas que están siendo difundidos por responsables políticos de autonomías y ayuntamientos del Estado.
Esta situación de señalamiento de las personas migrantes que están huyendo por la ruta Canaria se está haciendo extensiva a las organizaciones sociales que las acompañan en la defensa de derechos, dando lugar a situaciones de criminalización que ponen en peligro la solidaridad.
En el siguiente vídeo, nuestra compañera Helena Maleno hace una valoración sobre todos estos hechos en una entrevista para el programa Buenos Días Canarias de la televisión pública de Canarias.
