Lee en detalle el relato de la masacre sucedida en Melilla/Nador a partir de la página 23 en el Monitoreo del Derecho a la Vida-Primer Semestre 2022.
Desde hace meses, tras el acuerdo hispano marroquí, los asentamientos en el bosque eran un espacio de guerra: incursiones militares, uso de gases lacrimógenos, destrucción de alimentos, medicinas, agua, ropa… de las comunidades. Las deportaciones, desplazamientos al desierto, arrestos y detenciones, fueron constantes. Un ataque sistemático a su salud física y mental que cada vez dejaba a las comunidades más debilitadas, vulnerables y angustiadas ante tanta violencia.
Durante el mes de junio las redadas se intensificaron, desplazando los asentamientos en los bosques a zonas más inhóspitas y cercanas a la frontera. Solo les dejaron sus propios cuerpos para resistir y protegerse, incluso «les rompieron el cuerpo» contaron las víctimas de una redada el día 7 de junio.
La semana de la masacre, el lunes 20 unos quinientos militares atacaron los asentamientos con gases. El miércoles y jueves volvió a haber persecuciones e incluso un incendio en el bosque poniendo en riesgo a la totalidad de las personas que allí estaban viviendo, además del daño medioambiental ocasionado. La lógica era de tierra quemada, pretendiendo hacer de las zonas en las que se situaban los campamentos, lugares donde la vida fuera imposible. El jueves 23 el mensaje fue claro, tenían 24h para desalojar el campamento o la violencia aumentaría.
La mañana del 24, cumpliendo la amenaza del día anterior, comenzaron las redadas, dirigiéndoles a la valla. Con las pocas fuerzas que les quedaban intentaron forzar una de las puertas, sabían que no podrían saltar y nadie debía quedar atrás. Más de un ochenta por ciento de las personas que estaban en la valla pertenecían a la comunidad sudanesa, a las que se les sumaban personas procedentes de Burkina Faso, Camerún, Chad, Guinea Conakry, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Liberia y Yemen. Muchas de ellas conocen la guerra, ya la habían vivido de primera mano, era lo que les había forzado a salir de sus territorios.
Consiguieron cruzar un total de ciento treinta y tres personas consiguieron, otras más, entre ellas adolescentes, pisaron suelo español, pero fueron devueltas por las autoridades españolas y marroquíes.
Quedaron más de mil seiscientas personas atrás. Durante horas lucharon cuerpo a cuerpo con los militares, resistiendo a los gases, balas de fuego real, drones y material antidisturbios. Les rodearon, quedaron atrapadas sin poder huir de la valla. Muchas caían heridas, sin fuerzs, pero no fueron auxiliadas a pesar de haber ambulancias.
Fueron asesinadas cuarenta personas, treinta y siete el mismo día 24 y otras tres por las heridas y el daño en el cuerpo, y centenares quedaron heridas: por los gases, aplastadas por las caídas, golpeadas por las botas de los militares, por porras, porras eléctricas, por balas de fuego, por negación por parte de marruecos y españa de auxilio y asistencia médica.
La zona fronteriza quedó repleta de cuerpos doloridos, inertes, hasta que llegaron los autobuses de deportación y algunas ambulancias fueron movilizadas.
En estos momentos se encuentran en prisión preventiva sesenta y cinco personas que han sido sometidas a un proceso de criminalización, están siendo enjuiciadas. Un grupo de ellas, que están siendo juzgadas en el Tribunal de Apelación de Nador, se pueden enfrentar hasta a veinte años de cárcel.
A la frontera con Argelia fueron deportadas al menos ciento treinta y dos personas. El resto de personas también fue víctima de desplazamientos forzosos, algunas de ellas continúan desaparecidas. Muchas familias no saben siquiera si sus seres queridos están vivos o muertos, siendo vulnerados tanto sus derechos en vida como después de la muerte.
Desde el Colectivo Ca-minando Fronteras, un grupo defensores de derechos se acercó a las personas heridas y desplazadas. Hasta este momento se han podido acompañar a ochocientas sesenta y dos personas -de las que un treinta por ciento son adolescentes de entre 15 y 17 años y un cinco por ciento de niños entre 11 y 14 años-, tratando de aliviar el dolor de la masacre.
Las personas acompañadas han denunciado situaciones de estrés post-traumático, falta de asistencia médica, la continua persecución de la comunidad migrante particularmente contra la sudanesa aún después e intensificadas después de la masacre, el robo de sus teléfonos, dinero, ropa e incluso zapatos para impedirles andar.
«Los militares nos han matado, lo he visto con mis propios ojos. Estoy vivo, Dios ha querido que viva, pero he perdido a cinco de mis amigos. Los vi morir con mis propios ojos».
Descansen en paz. VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN para las víctimas, familias y comunidades
