Del 9 al 11 de septiembre, en las Palmas de Gran Canaria, participamos en las jornadas de formación continua del Consejo General del Poder Judicial “Inmigración: Pacto sobre Inmigración y Asilo de la Unión Europea y su impacto en la normativa nacional”. Llevamos a la sala lo que el Pacto no contempla: los derechos de las víctimas de las fronteras y de las familias que las buscan.
Las jornadas analizaron cómo se aplicará en España el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y qué consecuencias tendrá. Nuestra intervención formó parte de la mesa redonda “Garantías en la protección de los Derechos Humanos en frontera”, con la ponencia “Derecho de las víctimas en contextos migratorios: las familias como sujetos de derecho y agentes de cambio”.
El PEMA no reconoce a las víctimas ni sus derechos. Por eso quisimos poner en el centro a quienes el Pacto no nombra: las personas muertas y desaparecidas en las rutas migratorias y sus familias. Hoy son precisamente ellas quienes están impulsando cambios en las fronteras. Se organizan, exigen que se reconozca a sus seres queridos y reclaman los derechos que les corresponden.
Empezamos por lo ocurrido en Ceuta a finales de julio, cuando se aplicó por primera vez el protocolo de sucesos con víctimas múltiples. Analizamos cómo afectó, la aplicación de dicho protocolo, a la coordinación entre quienes intervienen en la identificación de las víctimas, desde los órganos judiciales hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También hablamos de la deshumanización que produce negar sus derechos a las personas muertas y desaparecidas y a sus familias. Cuando las familias no pueden acceder a los procesos de verdad, justicia y reparación, sufren una macrovictimización: al daño de la pérdida se suma el que les causa el propio sistema. En este contexto se abrió también la posibilidad de explorar procesos de justicia restaurativa.
Aunque el PEMA no los incluya, el derecho internacional de los derechos humanos sí protege a las víctimas y a sus familias. Tomamos como referencia la Observación General del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada sobre las desapariciones en el contexto de la migración. Con ejemplos concretos, mostramos cómo se vulneran sistemáticamente estos derechos:
- A las familias se les niega el acceso a la tutela judicial efectiva.
- Las investigaciones no son suficientes ni eficaces.
- Las autoridades no investigan de oficio, así que todo el peso de la búsqueda recae en las familias.
- Poner una denuncia y poder aportar muestras de ADN sigue siendo muy difícil.
Explicamos cómo se organizan las familias buscadoras y, a partir de los casos que estamos litigando, compartimos con jueces y juezas recomendaciones para que el acceso a la justicia y a los derechos sea posible.
Que jueces y juezas escuchen a las organizaciones sociales es fundamental. Estos encuentros permiten compartir conocimientos y acercar la realidad diaria de las personas migrantes y de sus familias. También muestran el papel que la judicatura puede tener para que las familias de las víctimas de las fronteras accedan por fin a la justicia.