El 31 de enero de 2019, el ministro español de Fomento, José Luis Ábalos Meco, hizo una declaración pública acusando a las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas migrantes, entre ellas Caminando Fronteras, de fomentar la migración irregular y la trata de personas mediante su labor humanitaria en el mar Mediterráneo. Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras, se enfrenta actualmente a cargos en Marruecos que se basan en las mismas alegaciones.
Caminando Fronteras es una organización no gubernamental de derechos humanos que se ha centrado en la protección de los derechos de las personas migrantes en los últimos 16 años. La organización ofrece un medio de salvación a las personas migrantes que buscan llegar a Europa por mar a través de la frontera entre España y Marruecos, a menudo en barcos que no son aptos para navegar. Cuando reciben llamadas de los/as migrantes en riesgo, la organización alerta a las autoridades marítimas. Asimismo, Caminando Fronteras brinda apoyo legal, social y sanitario a estas personas y documenta los abusos de derechos humanos desde ambos lados de las fronteras.
Helena Maleno es periodista e investigadora y lleva viviendo 14 años en Marruecos. Es experta en migración y trata de personas y se centra particularmente en los derechos de las mujeres y la infancia. Su labor de defensa de los derechos humanos ha sido reconocida a nivel internacional y ha recibido varios premios, entre ellos el premio de derechos humanos «Nacho de la Mata» (2015) concedido por el Consejo General de la Abogacía Española, el premio de derechos humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (2018), y el Séan MacBride por la Paz (2018), concedido por el International Peace Bureau. La criminalización de Helena Maleno en Marruecos ha sido denunciada por varios expertos de las Naciones Unidas, entre ellos por el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos humanos y el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
En su discurso del día 31 de enero de 2019, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco, afirmó que «el 70% de las alertas» recibidas por las autoridades marítimas españolas procedían de «una ONG de Marruecos» y eran «sobre barcos de migrantes a punto de zarpar». Insinuaba que el trabajo de Caminando Fronteras constituye el delito de trata y tráfico de personas, en lugar de ayuda humanitaria. Asimismo, el ministro afirmó que existe un «uso fraudulento de los servicios humanitarios» para llevar a cabo el tráfico de personas.
El 29 de noviembre de 2017, Helena Maleno, ciudadana española, fue citada a comparecer ante el Tribunal de Apelaciones de Tánger en Marruecos, donde fue acusada de fomentar la migración ilegal y el tráfico de migrantes. Helena Maleno se enfrenta posiblemente a una condena de cadena perpetua en Marruecos.
Los cargos de los que se le acusa en Marruecos se basan en investigaciones sobre sus actividades llevadas a cabo por la policía española en 2012, cuando alertaba a los servicios de rescate tras haber recibido llamadas de peligro por parte de las personas migrantes. Las autoridades españolas desestimaron el caso contra ella en España en abril de 2017 por falta de pruebas incriminatorias, pero enviaron la documentación a Marruecos, donde vivía Helena para que las autoridades marroquíes pudieran abrir una investigación contra ella.
Según Caminando Fronteras, las acusaciones del delito de tráfico de personas carecen de fundamento, ya que las alertas no solo se envían a las autoridades españolas, sino también a las autoridades marroquíes y argelinas, y solo cuando existe un riesgo real para la salud y la seguridad de las personas migrantes. En virtud de la legislación internacional, los tres países tienen la obligación de compartir información, coordinar las operaciones de rescate y decidir a qué puerto serán llevadas estas personas.
Las organizaciones Women’s Link Worldwide, Asociadas por lo Justo (JASS), Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura(OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) están profundamente preocupadas por las declaraciones del ministro de Fomento español. Consideran que su declaración no solo fomenta la criminalización del trabajo de los/as defensores de los derechos de las personas migrantes en España y Marruecos, sino que también afecta negativamente la causa penal en curso contra Helena Maleno. Además, desacredita la labor pacífica y legítima de Caminando Fronteras.
Por otro lado condenan cualquier intento de fomentar un discurso que criminalice a los/as defensores de los derechos de las personas migrantes, algo que está siendo utilizado constantemente en toda Europa. Dichas declaraciones implican incorrectamente que los fondos y servicios públicos están siendo utilizados para apoyar la migración irregular, y vinculan erróneamente la criminalidad y la solidaridad con las comunidades migrantes.
Las organizaciones Women’s Link Worldwide, Asociadas por lo Justo (JASS), Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura(OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instan a las autoridades españolas a:
1. Tomar medidas para garantizar que los/as funcionarios/as del gobierno u otras figuras públicas se abstengan de hacer declaraciones que estigmaticen el trabajo legítimo de los/as defensores/as de derechos humanos;
2. Tomar todas las medidas legales, políticas y diplomáticas para proteger a la defensora española de derechos humanos Helena Maleno, comunicando formalmente a las autoridades marroquíes que las investigaciones sobre sus actividades en España no encontraron indicios de delito, y que está siendo criminalizada por el trabajo legítimo de derechos humanos protegido por el derecho internacional;
3. Garantizar que todos los/as defensores/as de derechos humanos en España puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos en cualquier circunstancia sin temor a represalias y libres de cualquier limitación, entre ellas el acoso judicial.
