Acto de reparación en el Parlament de Catalunya a las familias de las víctimas de las fronteras

Por primera vez, un parlamento del Estado español ha hecho memoria de las personas muertas y desaparecidas en las fronteras, a través de una reunión de escucha y reconocimiento a sus familiares. El 14 de octubre, el Parlament de Catalunya acogió un encuentro con familias catalanas que han perdido a sus seres queridos en las rutas migratorias hacia el Estado español.

Los familiares, acompañados por Caminando Fronteras, fueron recibidos por el President del Parlament, Josep Rull. Después mantuvieron una reunión con el presidente de la Comisión de Justicia y Calidad Democrática, Andrés García Berrio, y con otros diputados y diputadas, que escucharon de primera mano sus historias, su dolor y los obstáculos a los que se enfrentan cada día.

Es un gesto con un enorme valor simbólico y político. Hasta ahora, las familias de las víctimas de las fronteras habían sido invisibles para las instituciones. Ayer, por primera vez, ocuparon un espacio central en una cámara legislativa y fueron escuchadas como lo que son: familias catalanas que buscan a sus seres queridos y que reclaman sus derechos.

Fue un acto de reconocimiento, de apoyo y de reparación del dolor. Durante el encuentro, las familias explicaron las dificultades que encuentran para acceder a la justicia y para saber qué ha pasado con sus familiares. Pudieron trasladar las dificultades en la puesta de la denuncia, la toma de muestras de ADN y la búsqueda proactiva de sus seres queridos. Además señalaron que estas trabas administrativas obedecen a sesgos racistas que imposibilitan respetar los derechos de las víctimas. 

Se compartieron testimonios especialmente duros. En varios casos, las familias habían preidentificado a sus familiares fallecidos en las morgues y aun así, las tumbas siguen sin nombre y las familias sin una respuesta oficial respecto a esa identificación. Explicaron que no habían podido despedirlos con dignidad ni darles sepultura según sus creencias religiosas.

A la pérdida se suma así una nueva herida, la que causa un sistema que no da respuestas y que obliga a las familias a buscar solas. Un duelo eterno porque muchas de ellas nunca podrán tener un cadáver que enterrar ni una tumba donde llorar.

Las familias no hablan de personas desaparecidas, hablan de familias rotas.

Desde Caminando Fronteras consideramos que este acto es un primer paso que debería replicarse en otros parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, como medida de verdad, justicia y reparación para las víctimas y para las familias que las buscan.

Los familiares de las víctimas de las fronteras no pueden seguir discriminadas frente a otros colectivos de personas desaparecidas. Tienen derecho a recibir el mismo trato, el mismo respeto y la misma dignidad. Para eso, las administraciones públicas deben implicarse y acompañarlas en su búsqueda: facilitar las denuncias, la toma de muestras de ADN, garantizar que se investigue y asegurar que ninguna persona sea enterrada sin nombre cuando su familia la está buscando.

Las familias llevan años organizándose, buscando y exigiendo respuestas. Ayer, en el Parlament de Catalunya, su voz, por fin, se escuchó en las instituciones públicas.

Caminando Fronteras participa en la formación continua del CGPJ sobre migraciones

Del 9 al 11 de septiembre, en las Palmas de Gran Canaria, participamos en las jornadas de formación continua del Consejo General del Poder Judicial “Inmigración: Pacto sobre Inmigración y Asilo de la Unión Europea y su impacto en la normativa nacional”. Llevamos a la sala lo que el Pacto no contempla: los derechos de las víctimas de las fronteras y de las familias que las buscan.

Las jornadas analizaron cómo se aplicará en España el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y qué consecuencias tendrá. Nuestra intervención formó parte de la mesa redonda “Garantías en la protección de los Derechos Humanos en frontera”, con la ponencia “Derecho de las víctimas en contextos migratorios: las familias como sujetos de derecho y agentes de cambio”.

El PEMA no reconoce a las víctimas ni sus derechos. Por eso quisimos poner en el centro a quienes el Pacto no nombra: las personas muertas y desaparecidas en las rutas migratorias y sus familias. Hoy son precisamente ellas quienes están impulsando cambios en las fronteras. Se organizan, exigen que se reconozca a sus seres queridos y reclaman los derechos que les corresponden.

Empezamos por lo ocurrido en Ceuta a finales de julio, cuando se aplicó por primera vez el protocolo de sucesos con víctimas múltiples. Analizamos cómo afectó, la aplicación de dicho protocolo, a la coordinación entre quienes intervienen en la identificación de las víctimas, desde los órganos judiciales hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También hablamos de la deshumanización que produce negar sus derechos a las personas muertas y desaparecidas y a sus familias. Cuando las familias no pueden acceder a los procesos de verdad, justicia y reparación, sufren una macrovictimización: al daño de la pérdida se suma el que les causa el propio sistema. En este contexto se abrió también la posibilidad de explorar procesos de justicia restaurativa.

Aunque el PEMA no los incluya, el derecho internacional de los derechos humanos sí protege a las víctimas y a sus familias. Tomamos como referencia la Observación General del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada sobre las desapariciones en el contexto de la migración. Con ejemplos concretos, mostramos cómo se vulneran sistemáticamente estos derechos:

  • A las familias se les niega el acceso a la tutela judicial efectiva.
  • Las investigaciones no son suficientes ni eficaces.
  • Las autoridades no investigan de oficio, así que todo el peso de la búsqueda recae en las familias.
  • Poner una denuncia y poder aportar muestras de ADN sigue siendo muy difícil.

Explicamos cómo se organizan las familias buscadoras y, a partir de los casos que estamos litigando, compartimos con jueces y juezas recomendaciones para que el acceso a la justicia y a los derechos sea posible.

Que jueces y juezas escuchen a las organizaciones sociales es fundamental. Estos encuentros permiten compartir conocimientos y acercar la realidad diaria de las personas migrantes y de sus familias. También muestran el papel que la judicatura puede tener para que las familias de las víctimas de las fronteras accedan por fin a la justicia.